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Independientemente
de lo que le pasara a Casilda cuando fue detenida a finales de agosto
de 1936, se siguió con ella una serie de procedimientos administrativos
que tenían como objetivo final que nadie pudiese ejercer la docencia
sin haber sido sometido previamente a un expediente de depuración,
en el cual se tuvieran en cuenta actuaciones políticas, actitudes
religiosas, entre otros aspectos. En el caso de Casilda, ejecutada anteriormente,
significaría la desaprobación de su trabajo realizado
en la escuela y como funcionaria la pérdida de los derechos adquiridos
para sus hijos.
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La primera actuación que se hizo con los maestros antes de
empezar el nuevo curso escolar fue publicar la Orden de 19 de agosto
de 1936 (Boletín
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Burgos
21 de Agosto de 1936. Número 9) en la que se determinaba
que antes del 30 de agosto los alcaldes debían informar al
rector de su distrito universitario de la conducta de los maestros
de su municipio:
La necesidad
de demostrar al mundo la normalidad de la vida nacional en las
regiones ocupadas por el Ejército Español, salvador
de España, hace imprescindible que en todas las manifestaciones
de la misma, sea un hecho el orden y funcionamiento de los organismos
oficiales. Entre estos se halla la escuela de instrucción
primaria (…)
(…) esta Junta de Defensa Nacional acuerda, con carácter
general, lo siguiente:
(…) Que las escuelas nacionales de instrucción primaria
reanuden las enseñanzas el día 1.º del próximo
septiembre, en sesión matutina de cuatro horas hasta el
día 15, y en dos sesiones de tres horas a partir del 16
de dicho mes.
(…) Antes del día 30 del corriente mes, los Alcaldes
informarán al Rectorado del Distrito Universitario respecto
a si la conducta observada por los Maestros, propietarios o interinos,
que desempeñaban las escuelas en las localidades respectivas,
ha sido la conveniente en orden a las finalidades de esta disposición,
o si, por el contrario han mostrado aquéllos, en el ejercicio
de su cargo, ideario perturbador de las conciencias infantiles,
así en el aspecto patriótico como en el moral. En
este último caso, los Rectores ordenarán con toda
urgencia la sustitución de dichos Maestros en la forma
anteriormente expuesta.
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Así, en
agosto de 1936 el alcalde del ayuntamiento de la Junta
del Río Losa envió un informe sobre Casilda al rector
y al inspector.
En este informe se decía que Casilda Calzada Quintana, maestra
propietaria de la Escuela Nacional de San Llorente, había observado
una conducta no conveniente en orden a las finalidades de la disposición
antes mencionada, que había demostrado en el ejercicio de su
cargo un ideario muy perturbador de las conciencias infantiles, tanto
en el aspecto patriótico como en el moral y no había sido
cumplidora con los deberes religiosos. También se decía
que teniendo relación con asociaciones afectas a la casa del
pueblo su esposo y ella habían hecho propaganda comunista y que
por lo tanto habían hecho burla de la religión, por lo
que se la considera un elemento muy perturbador.
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En la misma
Orden de 19 de agosto de 1936 (Boletín
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Burgos
21 de Agosto de 1936. Número 9) se determinaba el procedimiento
a seguir en el caso de no presentarse el maestro en la escuela
el día 1 de setiembre:
(…)
Los señores Alcaldes pondrán, antes del 10 de septiembre,
en conocimiento de los Rectorados, los Maestros que se hayan presentado
el día 1.º del dicho mes (…)
(…) En el pueblo en que no se hubiese presentado el Maestro
titular el día 1.° de septiembre, se designará
por el Alcalde sustituto, con carácter de interinidad,
entre las personas que ostenten el título de Maestro nacional,
residentes en la localidad o en alguna de las inmediatas (…)
y de moralidad y patriotismo indudables.
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Como que Casilda
no se presentó en la escuela el día 1 de setiembre el
alcalde del ayuntamiento de la Junta del Río Losa nombró
al párroco de San Llorente sustituto con carácter provisional
para dar clase en la escuela.
El párroco comunicó en el mes de setiembre de 1936 al
inspector que el día 2 se había hecho la reapertura de
la clase por ausencia de la maestra, que había sido detenida.
Explicaba que se había restablecido el crucifijo y la bandera
roja y gualda en la escuela con el tono patriótico y religioso
de sus enseñanzas y que la conducta de la maestra en el orden
político, religioso y social tanto en la escuela como fuera de
ella con anterioridad al 18 de julio había sido en sumo grado
reprobable.
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A partir
de diciembre de 1936 se empezaron a crear comisiones
depuradoras de maestros, concretándose las medidas
sancionadas y las sanciones que se podían aplicar.
Para entender el objetivo de la creación de estas comisiones
basta con leer lo que dice el Decreto número 66 del Boletín
Oficial del Estado (Burgos, 11 de noviembre de 1936, número
27):
(…)
El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en
todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya
estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones
disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición
nacional, hace preciso que en los solemnes momentos porque atravesamos
se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal
de Instrucción Pública, trámite previo a
una reorganización radical y definitiva de la enseñanza,
extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que
con sus apóstoles han sido los principales factores de
la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria.
(…)
Así
la totalidad de la vida de los docentes era sometida a intensos
informes donde se investigan sus actuaciones públicas,
profesionales y privadas. Actuaciones o simpatias políticas,
actitudes religiosas y otros aspectos habían de figurar
en el expediente de depuración.
Las comisiones
de depuración de los maestros se organizó a partir
de comisiones de depuración a nivel provincial. Según
la normativa depuradora, las comisiones debían pedir al
menos cuatro informes diferentes: al alcalde, al cura párroco,
al jefe de la guardia civil y a un padre de familia bien considerado,
que vivieran donde estuviera ubicada la escuela e individuo objeto
de investigación. Estos informes fueron la base fundamental
sobre la que asentó sus bases la depuración. Modelo
de formulario de la comisión de depuración de Burgos.
Lo que se
escribía en estos informes estaba condicionado por situaciones
de venganza, animadversión y miedo. Se podían hacer
informes sin conocer personalmente al sancionado. Acusaciones
hechas por un testigo llegaron a ser conocidas por el resto coaccionando
así las opiniones de unos y otros.
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En el caso de los
informes referentes a Casilda en ellos se escribieron diferentes consideraciones.
En relación
a la conducta profesional:
- En general se
valoró positivamente la puntualidad y el no faltar a la escuela
- Cuando se preguntó si estaba satisfecho el pueblo con el resultado
de su enseñanza se emitieron respuestas diferentes. Se dijo que
sí, que no de ninguna manera y que no, por la poca disciplina
y respeto que tenían los niños.
En relación
a la conducta social:
- Todos expresaron
que estaba en malas relaciones con las autoridades.
- Respecto al vecindario consideraron que tenía mala relación
con las personas de derechas. Se dijo que tenía a la mayor parte
de los vecinos a su disposición.
En relación
a la conducta particular:
-Todos consideraron
que su conducta no era digna de una maestra. Lo justificaron diciendo
que distinguió a los niños en sus enseñanzas, protegiendo
a los de izquierdas lo mismo que a los vecinos, porque tenía
relación con personas extremistas.
-Todos consideraron que su conducta religiosa era mala o muy mala.
En relación
a la actuación política:
- Respecto a la
significación política que tenía expresaron que
era de izquierdas con concomitancias con la casa del pueblo. Por alguno
de los testimonios se la consideró comunista y anarquista.
- No aseguraron la militancia en algún partido del Frente Popular
pero sí que había hecho propaganda de éste.
- Aseguraron que simpatizaba con las políticas de izquierdas
con argumentos como que siempre estaba en contra de las derechas, que
eran sus ideales, que simpatizaba con todos los de izquierdas y porque
su esposo Isidoro había sido vicepresidente de izquierda republicana
en Quincoces.
- La mayoría dijo que en la escuela no hizo propaganda de las
izquierdas.
- Preguntados por si dio a los niños periódicos de izquierdas
dicen que sí: El
Liberal, La Libertad y La
Traca,
- A la pregunta si cantó con los niños La Internacional
o un himno parecido dos de los testimonios dijeron que sí y otros
dos dijeron que no.
- Todos contestaron que no saludó a sus alumnos con el puño
en alto. Pero tres dijeron que sus hijos sí.
- Todos contestaron que no acudió con sus alumnos a actos extremistas.
- Todos dijeron que hizo propaganda de las izquierdas fuera de la escuela.
Un testimonio matiza que hizo propoganda en las
elecciones.
- A la pregunta si tomó parte en actos políticos de manera
directa hubo un testimonio dijo que sí, durante las elecciones,
y otro explicó que vitoreó a Galán
y García Hernández en un mitin de derechas (militares
republicanos protagonistas de la sublevación
de Jaca en 1930).
En relación
a otros datos:
- Se preguntaba
si se sabía el paradero de la maestra y tres de los declarantes
dijeron que lo ignorabany otro escribió que se suponía
que estaba ejecutada.
- A la pregunta de cuando se ausentó la maestra del pueblo se
dieron respuestas diferentes, que en los primeros días del movimiento,
que fue detenida a finales de julio y que en agosto.
- A la pregunta si los declarantes eran conocedores si había
sido objeto de sanción, detenida o castigada se dijo que se oyeron
rumores de que había sido detenida.
- Todos contestan que sí a la pregunta de que si se la tenía
por desaparecida.
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Una vez recogidos
los informes del alcalde, del cura párroco, del jefe de
la guardia civil y el de un padre de familia bien considerado,
que vivieran donde estuviera ubicada la escuela del maestro objeto
de investigación, la comisión de depuración
(…) redactará el correspondiente pliego de cargos,
si a ello hubiere lugar, del que deberá dar traslado por
escrito al interesado, para que éste, en el plazo improrrogable
de diez días, formalice por escrito los descargos y aporte
la documentación que estime conveniente a su defensa; todo
lo cual entregará al Presidente de la Comisión depuradora
o lo enviará a la misma por correo certificado. (…)
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El día 24
de abril de 1937 se publicó una requisitoria en el Boletín
Oficial de de la provincia de Burgos donde se emplazaba a Casilda
para que en el plazo de diez días se presentase o señalase
su domicilio por escrito a la comisión depuradora establecida
en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Burgos y que
de no hacerlo así se le seguirían los efectos a que hubiera
lugar.
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(…)
A medida que queden completos los expedientes, la Comisión
los elevará a la Comisión de Cultura y Enseñanza
con la propuesta motivada correspondiente, indicando si la misma
se formula por unanimidad o por mayoría de votos; en este
caso, los Vocales en minoría podrán formular su
propuesta particular si lo estimasen oportuno.
Las propuestas podrán ser:
A) Confirmar en su cargo al funcionario.
B) Traslado del mismo.
C) Separación definitiva del servicio.
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El expediente de
Casilda siguió su curso y en el mes de marzo de 1938 la comisión
de depuración de Burgos dictaminó que como que el día
18 de julio de 1936 Casilda vivía en San Llorente y desapareció
de su casa sin que se tuvieran noticias de su paradero y que como que
había sido citada para comparecer ante la comisión y no
se presentó, se consideró que había abandonado
su escuela sin permiso ni causa justificada y que por lo tanto proponían
la separación definitiva como funcionaria.
En del mes de abril
de 1938 se enviaron al ministro de educación nacional, que tenía
su sede en Vitoria, catorce expedientes de depuración de maestros
de la provincia de Burgos, entre ellos el de Casilda, con la propuesta
de separación definitiva .
La Comisión
Superior Dictaminadora de Expediente de Depuración dependiente
del Ministerio de Educación Nacional una vez examinado el expediente
de Casilda, (…) así como la propuesta de la Comisión
depuradora de la provincia de Burgos, y teniendo en cuenta la Ley de
10 de febrero de 1939 y disposiciones especiales dictadas en relación
con el personal docente dependiente del Ministerio de Educación
Nacional, La Comisión Superior Dictaminadora propone a V.E. La
separación definitiva del servicio y baja en el escalafón
respectivo. Vitoria, a 4 de abril de 1939.
El expediente de
Casilda es resuelto en el mes de diciembre de 1939 con la resolución
de Separación definitiva.
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